Reforzar los mecanismos de cooperación jurídica internacional y la lucha conjunta en contra del crimen, es uno de los objetivos que buscan los jefes fiscales, sus representantes  y expertos en ciencias forenses que participan en la reunión  Ordinaria del Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos y el primer encuentro de Directores de Departamentos e Institutos de Medicina Legal de la Región Centroamericana, Belice y Chiapas.

El encuentro inició el miércoles 25 de septiembre en la ciudad de Antigua Guatemala, con un acto de apertura presidido por la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público de Guatemala, Claudia Paz y Paz, la Viceministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Rita Claverie, el director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Nery Cabrera y la Procuradora de Panamá y representante del Consejo Centroamericano y del Caribe, Ana Isabel Belfon Vejas.

En sus palabras de inauguración, la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Dra. Claudia Paz y Paz, resaltó que, desde su fundación, el Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos “se ha constituido como una instancia para la coordinación, cooperación e intercambio de experiencias entre Ministerios Públicos y para la formulación de políticas y adopción de instrumentos para la persecución penal”.

Por su parte, Belfon Vejas señaló que el principal objetivo del encuentro es “unificar criterios de investigación penal y contribuir a la armonización de normas legales que permitan un trabajo coordinado de las fiscalías de las región”.

Sobre este tema también se refirió la Fiscal General de Guatemala, Dra. Claudia Paz y Paz, quien aseguró que “si no hay tipos penales comunes en la región, basta con que una persona sindicada de cualquier delito cruce las fronteras para evadir la investigación penal y procesos de extradición”.

El Dr. Jorge Nery Cabrera, director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), aseguró que el encuentro de los representantes de las instituciones homólogas de la región busca conformar una asociación de institutos de ciencias forenses y de medicina legal que asegure las pruebas científicas a la investigación penal.

“La región cuenta con métodos tecnológicos que deben ser aprovechados para garantizar la justicia a la población y hacer un frente común al crimen organizado”, enfatizó el Dr. Cabrera.

Durante los dos días de trabajo, los miembros del Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos  y los directores de institutos de ciencias forenses de los países participantes, conformarán mesas de trabajo para la discusión de temas específicos de delitos que afectan a las naciones representadas.

Los expertos intercambiarán información para detectar las operaciones de redes criminales dedicadas al narcotráfico, crimen organizado, trata de personas y tráfico de migrantes, así como adoptar mecanismos de persecución penal conjunta para el combate del crimen organizado transnacional. Además, el intercambio con los directores de departamentos e institutos de medicina legal sobre los avances de la investigación científica forense útiles para el  sistema de justicia en la región.

Antecedentes del Consejo

El Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos fue formalizado el 7 de marzo de 2003 en Guatemala a cargo de los fiscales generales de este país,  El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. El objetivo principal es constituirse en una instancia para la cooperación e intercambio de experiencias entre los Ministerios Públicos y para la formulación de políticas y adopción de instrumentos para la persecución penal.

Entre los objetivos que persigue el Consejo sobresalen: reforzar los mecanismos de cooperación jurídica internacional y homologar y hacer más eficientes las diligencias,  trámites procesales y administrativos vinculados con la obtención de las pruebas extra-jurisdiccionales para combatir los delitos transnacionales.

Además, estrechar los vínculos de cooperación, solidaridad y enriquecimiento profesional recíprocos entre los Ministerios Públicos de países miembros; proveer el establecimiento de estrategias comunes para enfrentar el crimen organizado transnacional; vincular el desarrollo y fortalecimiento, como una condición indispensable para la efectiva tutela de los derechos de las personas y la vigencia de los principios e instituciones del Estado de Derecho.

Guatemala 25 de septiembre de 2013