Publicado el 17 Enero 2019
“Los del Punto”: Dictan auto de procesamiento por tres asesinatos
La Fiscalía contra el Delito de Femicidio del Ministerio Público documentó la investigación en contra de Álvaro Enrique Morales Morales, quien es el principal sospecho de cometer tres asesinatos. Fue ligado a proceso judicial por los delitos de asesinato y asociación ilícita así mismo, fue enviado a prisión preventiva.
Los fiscales le solicitaron al Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo del Grupo “A” que dictara auto de procesamiento por los asesinatos de Clara Luz Cortez Ramírez, Ever Neftalí Menéndez Herrera y José Alfredo Granados.
En la audiencia de primera declaración la fiscalía señaló a Morales por su responsabilidad en el asesinato de Clara Cortez ocurrido el 3 de diciembre de 2016, en el municipio de Sanarate, El Progreso. Ella fue llevada en un mototaxi, a un punto de operaciones de esta estructura en donde la golpearon y la decapitaron. Su cuerpo fue abandonado en dos lugares diferentes.
El 18 de marzo de 2017, fueron asesinados Ever Menéndez y José Granados, quienes fueron llevados mediante engaños a un inmueble en donde los ataron de pies y manos, y les dispararon; los cadáveres fueron trasladados al campo de futbol del municipio de Sanarate, El Progreso.
Antecedentes
En las pesquisas de la fiscalía consta que Álvaro Enrique Morales Morales integra la estructura criminal denominada “Los del Punto” que se dedicó al narcomenudeo en Sanarate, cometieron asesinatos y transportaron armas de fuego. Por lo menos 13 personas se encuentra a la espera del juicio correspondiente a la primera fase de la investigación que se judicializó el 7 de abril de 2017.
En la segunda fase de la investigación realizada el 3 de diciembre de 2018, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad coordinó la aprehensión de nueve personas sindicadas de integrar esta estructura criminal, que era dirigida desde la cárcel por Jorge Mario Moreira Reyes, alias “el marino” quien está condenado a una pena de 50 años de privación de libertad por el delito de secuestro.
Guatemala, 17 de enero de 2019.