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Publicado el 14 Febrero 2016

Impunidad y defraudación: una red de corrupción en la SAT

En conferencia de prensa conjunta ofrecida esta mañana, la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público Thelma Aldana, el Comisionado Internacional Contra la Impunidad en Guatemala Iván Velásquez, el Ministro de Gobernación Francisco Rivas y el viceministro Ricardo Guzmán explicaron cómo la empresa Aceros de Guatemala pretendía defraudar Q255 millones.

La Jefa del Ministerio Público detalló que la estructura se sirvió del tráfico de influencias para modificar dictámenes que favorecen la evasión fiscal por parte de dicha empresa, según los informes de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT el proceso de investigación se inició en el año 2007.

La SAT presentó tres querellas en ese año contra la referida empresa, las cuales fueron conexadas y conocidas por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, en donde refiere que Aceros de Guatemala realiza la simulación de venta de chatarra, pero en el proceso de la investigación realizada por el Ministerio Público con el apoyo de la CICIG, se estableció que las empresas no existen.

Los hechos

Como respuesta a las querellas, la defensa acciona ante el juzgado contralor y logra una suspensión provisional del caso; debido a eso el MP apela ante la Sala Jurisdiccional, que favorece la solicitud para que continúe la investigación. De esa cuenta el caso retorna al Juzgado Séptimo y continúa su trámite.

En octubre 2014, Aceros de Guatemala solicita la revisión de las tres querellas, el juez emplaza a la SAT para que entregue las auditorias que sustentaban las acciones legales y el abogado de la referida empresa Frank Trujillo Aldana solicita al juez que revise la documentación.

Seguidamente, el 3 de enero de 2015, la SAT afirma que cumplió con la entrega de los documentos, los proveedores de primera línea y segunda línea, nunca fueron localizados para presentar la acusación en su contra. Fue así que el Ministerio Público afirmó que la SAT no atendió el reclamo del Juez y argumentó que la Sat debía informar de manera técnica los resultados.

El 3 febrero de ese año, el MP se opuso al desistimiento del caso promovido por Aceros de Guatemala y de la SAT, ellos insisten con base a informes de SAT y el juez nuevamente emplaza para el 19 de febrero de 2015.

La investigación

Durante las pesquisas del caso La Línea, en las escuchas telefónicas se detectan las relaciones de este nuevo caso, indicó el jefe de la Cicig, Iván Velásquez. Fue así como se documentaron dos eventos: uno por la alteración de informes de la SAT para esa actuación procesal, y otro con el pago acelerado de una devolución de crédito fiscal a la empresa.

En la investigación se establece que Giovanni Marroquín, quien había sido detenido el 16 de abril de 2015, coordinó con Aceros de Guatemala y empleados de la SAT, junto a dos intendentes, por alterar los informes que el ente recaudador había presentado en 2012 para sustentar las primeras tres denuncias.

En esas acciones se vieron involucrados el entonces superintendente de Administración Tributaria, Omar Franco, también sindicado por el caso La Línea. Luego ante el juez séptimo, el abogado encargado era Frank Trujillo, cuya estrategia era conseguir una desestimación parcial en favor de Aceros de Guatemala, mediante el informe alterado que, en lugar de sustentar técnicamente irregularidades, responsabilizaba a otros proveedores que eran empresas de cartón o habían fallecido, explicó la jefa del MP.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas, la empresa Aceros de Guatemala, por conducto de Tres Puertos, se sirvió de la red de corrupción liderada por los hoy detenidos Omar Franco Chacón, ex Superintendente de Administración Tributaria y Geovani Marroquín Navas -ambos integrantes de la organización criminal conocida como “La Línea”, y conformada por los demás funcionarios y ex funcionarios aprehendidos el viernes pasado, para obtener la desestimación de tres querellas que cursaban en contra de Aceros de Guatemala por Q255.612.266,82, mediante la alteración de las auditorías que los vinculaban al caso.

Los capturados:

Alfonzo Romeo Castillo Castro, Director de la Intendencia Jurídica; Elder Hermelindo Fuentes García, Intendente; José Antonio Mangandi Ortiz, Gerente de Contribuyentes Especiales Grandes; Evelin Yulisa Natareno Gómez, Jefe del Departamento de la Intendencia de Verificaciones; Alicia López Paiz, mandataria de la entidad; y los auditores Osmin Ronaldo Ceijas Díaz, Giovani Estefan Reyes Pérez, Nidia Verónica Espina Batres y Julio Ernesto Román García, involucrados en una red de corrupción.

Los delitos que se imputan a esta organización criminal son asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, tráfico de influencias, obstaculización de la acción penal  y colusión.

Guatemala, 14 de febrero de 2016.


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