La Fiscalía de Derechos Humanos logró que este día durante la audiencia de primera declaración de los sindicados por la desaparición del menor Marco Antonio Molina Theissen -ocurrida el 6 de octubre de 1981-, la Jueza Judith Secaida a cargo del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, ligara a proceso y enviara a prisión preventiva a cuatro militares retirados que de acuerdo con las investigaciones son los presuntos responsables del hecho.

Los señalados son: Francisco Luis Gordillo Martínez, comandante de la zona militar; Edilberto Letona Linares, segundo comandante; el oficial S-2 del Estado Mayor Hugo Ramiro Zaldaña Rojas y el General de División Manuel Antonio Callejas Callejas. Todos guardarán prisión en el centro de detención preventiva Mariscal Zavala.

La judicatura ligó a proceso penal a Gordillo Martínez, Zaldaña Rojas y Letona Linares, por los delitos contra deberes de la humanidad. Mientras que Zaldaña Rojas y Manuel Antonio Callejas, fueron ligados por los delitos de desaparición forzada. La jueza dio un plazo de dos meses al MP para la investigación y  fijó el 11 de marzo de este año para presentar el acto conclusivo, así como la audiencia de etapa intermedia para el 22 de marzo.

Antecedente

El 27 de septiembre de 1981, en el municipio de Santa Lucía Utatlán, Sololá, fue detenida Emma Guadalupe Molina Theissen -hermana del menor desaparecido- en un retén militar de control de carreteras, por llevar documentos calificados como propaganda de estudio y de discusión política; luego fue trasladada a la referida zona militar, de donde logró escapar nueve días después de su detención.

En aquel entonces la familia Molina Theissen planteó dos recursos de exhibición personal con fechas 9 de julio y 11 de mayo de 1997, como resultado de esas acciones el 7 de mayo de 1999 la Corte Suprema de Justicia –CSJ- otorgó un procedimiento especial de averiguación a favor del menor desaparecido y designó como investigador especial al Procurador de los Derechos Humanos y después a familiares de la víctima.

Ante esas investigaciones, el 26 de abril de 2004 el Estado de Guatemala reconoció su responsabilidad por este hecho ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el 4 de mayo de ese año esa misma Corte condenó al Estado de Guatemala y le ordenó buscar a la víctima, investigar y eventualmente sancionar a los responsables materiales e intelectuales de este hecho.

Con base a esa resolución se realizó una investigación de 10 años en donde se logró obtener peritajes: militar, de derecho internacional humanitario, en archivos, psicosociales y declaraciones testimoniales, contrastados con documentaciones del Ministerio de la Defensa Nacional. Además de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros medios de prueba que llevaron a la detención de los cuatro sindicados por el hecho.

Guatemala, 13 de enero de 2016