El 28 de marzo de 2014 la Unidad Contra el Contrabando de la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Publico, en coordinación con la Policía Nacional Civil efectuó seis allanamientos en comercios y bodegas en el municipio de Ixcán, Quiché

Las diligencias fueron realizadas con autorización del Juzgado de Primera Instancia Penal de Playa Grande, Ixcán, Quiché, durante las cuales se ubicó mercadería de contrabando, entre las que se incautó 80 cajas de 24 botellas de licor y 15 cajas de cerveza de dos marcas extranjeras, productos de origen mexicano.

Los investigadores indicaron que la mercadería que ingresó al país sin el pago de los impuestos correspondientes y sin llenar los registros sanitarios lo cual atenta contra el patrimonio del Estado y la salud de los consumidores.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), realizará los cálculos de los impuestos evadidos, para lo cual tiene 10 días hábiles para presentar el valor de lo incautado. El producto incautado se trasladará a la aduana central ubicada en la ciudad de Guatemala.

El delito que se les sindica a los dueños de los negocios es el  de contrabando contra la hacienda pública en el ramo de alcohol y se espera que brinden su primera declaración en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Playa Grande, Ixcán, Quiché; luego de contar con el informe del impuesto que no percibió el Estado.

Antecedentes

El 21 de marzo de 2014, la Unidad Contra el Contrabando de la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público en coordinación con la Policía Nacional Civil realizó seis allanamientos en comercios ubicados en el municipio de San Pedro Carcha, Alta Verapaz por el delito de contrabando contra la hacienda pública en el ramo de alcohol.

Los lugares que se allanaron fueron licorerías y abarroterías. En la operación se incautó 84 cajas de ron blanco de origen mexicano, con un total global de 2 mil 16 botellas. Todo lo incautado se trasladó al almacén de aduanas.

Dicha mercadería ingreso por contrabando vía México evadiendo el pago de impuestos lo que afecta el patrimonio del Estado y la salud de los consumidores.

Guatemala 31 de marzo de 2014