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Publicado el 15 Abril 2016

Investigación conjunta permite desarticulación de estructura que operaba en Terminal de Contenedores Quetzal

En un trabajo coordinado entre Ministerio Público, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio de Gobernación se estableció que en la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) operaba una red ilícita de lavado de dinero u otros activos en donde sobresalen los nombres del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicemandataria Roxana Baldetti.

En conferencia de prensa la Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, el Comisionado Internacional contra la Impunidad, Iván Velásquez, y el Ministro de Gobernación, Francisco Rivas, dieron a conocer sobre allanamientos realizados este viernes que dieron como resultados capturas y recopilación de indicios.

TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de 34 hectáreas sobre el cual se construiría y operaría la nueva terminal, que tenía contempladas tres fases de desarrollo que alcanzaría una inversión de por lo menos 255 millones de dólares.

La Fiscal General informó  que en el contrato firmado entre las partes se detectaron ilícitos, además detalló cómo se gestó esta estructura de impunidad utilizada para el lavado de dinero u otros activos.

Derivado de las investigaciones en el caso La Línea en abril de 2015, el MP, la Cicig y el Ministerio de Gobernación, detectaron otra estructura criminal, en la cual también se encuentran involucrados, el ex mandatario de la República de Guatemala, Otto Fernando Pérez Molina, así como la ex vicepresidenta, Ingrid Roxana Baldetti Elías, quienes figuran como líderes del grupo criminal.

La investigación determinó que desde enero de 2012 hasta por lo menos abril de 2015, se concertó un grupo criminal con roles definidos conformados y liderados  por los ex gobernantes Pérez Molina y  Baldetti Elías;  también lo integraban Gustavo Martínez Luna, Guillermo Lozano Bauer, Allan Herbert Marroquín Castillo, William Schwank López, Julio Rolando Sandoval Cano, Juan Carlos Monzón Rojas, Ángel Pérez-Maura, Juan José Suárez Messeguer, Mauricio José Garim y Jhonatan Harry Chevez.

Así se conformó la estructura

La Fiscal General dijo que Pérez Molina designó en 2012 como “operador” de Puerto Quetzal y enlace suyo al empresario y piloto de aviación Guillermo Lozano Bauer, quien le recomendó al entonces presidente la designación como interventor de la Empresa Portuaria Quetzal al abogado Allan Herbert Marroquín Castillo, cuyo nombramiento se realizó el 24 de enero de 2012.

“Estos nombramientos son importantes para dar lugar a la negociación ilícita y si vemos el caso de La Línea, nos damos cuenta que es un patrón similar, igual que el lago del Amatitlán, ya que ubicaban en puestos determinantes para las negociaciones a personas que iban ayudar al usufructo”, resaltó la Fiscal General.

En esa misma línea, y por recomendación de Roxana Baldetti se nombró a Julio Rolando Sandoval Cano como subinterventor y representante legal de la mencionada empresa. Lozano Bauer integró al equipo al ingeniero William Schwank López, quien fue asesor en materia portuaria, administración pública y análisis de resultados administrativos y operativos, además del manejo de inversión pública mediante un contrato en el renglón 029.

Los tres contactaron a los directivos de la empresa Group Maritim TCB, y a su concesionaria en Guatemala de la Terminal de Contenedores de Barcelona, por lo que realizaron viajes al exterior para visitar las instalaciones operadas por esa empresa que tiene sedes en Colombia y España. Fue así como contactaron a Juan José Suárez Messeguer, quien tiene la representación  del grupo en Guatemala.

La Fiscalía ha establecido que este grupo realizó gestiones con el ciudadano argentino Mauricio José Garín junto a Ángel Pérez-Maura, quienes tuvieron pláticas para la realización del proyecto de ampliación del Puerto durante el gobierno de Álvaro Colom.

Como en el año 2013 el operador Guillermo Lozano Bauer salió del país, Pérez Molina y Baldetti Elías designaron como nuevo negociador a Juan Carlos Monzón Rojas, a quien el presidente de ese entonces lo presentó ante los empresarios Ángel Pérez-Maura y Juan José Suárez como persona de confianza de la señora vicepresidenta.

El comisionado Iván Velásquez explicó cómo se negociaba un contrato para la ampliación de la construcción y por otro lado se negoció la comisión que se pretendió y que se obtuvo en buena parte por toda esta operación en la cual se estableció que Juan Carlos Monzón se reunió con representantes de TCQ.

“Juan Carlos Monzón se reunió con los directivos de esa empresa a quienes les manifestó que la comisión debía ser pagada en efectivo y a esto accedieron los directivos”, resaltó Velásquez.

Velásquez subrayó que Monzón le precisó a Juan José Suárez que descontarían medio millón para pagos a favor de un grupo de sindicalistas porque se oponían al proyecto, así como la entrega de dinero a funcionarios que cooperaron con las negociaciones.

Los desembolsos

El grupo de españoles le entregó a Juan Carlos Monzón cuadros con los detalles específicos de los pagos, en los cuales se indicaba la distribución de lo pactado de la siguiente manera:

  1. $ 24.5 millones para “socio local”
  2. $ 5 millones para “argentinos” y
  3. $ 0.5 millones para gastos.

El comisionado dijo que Monzón Rojas detalló que los primeros cinco millones de dólares serían para el primer equipo gestor del proyecto, cifra inmodificable que serviría para reconocer su gestión.

Un primer desembolso fue por la suma de 10 millones de dólares en el segundo semestre de 2013; el segundo pago fue de dos millones de dólares que se realizó en los primeros meses de 2014; la entrega restante fue de 12 millones 500 mil dólares en dos pagos más entre abril y octubre de 2015.

Velásquez explicó que fueron canceladas las dos primeras entregas, pero el tercer pago que sería dado en abril, cuando Juan Carlos Monzón ya era prófugo, pero las autoridades aún investigan si ese pago se realizó.

La “Comisión” de este proyecto se distribuía en proporción del 60 por ciento para el presidente y la vicepresidenta, un 40 por ciento para Juan Carlos Monzón, Allan Herbert Marroquín, Julio Rolando Sandoval y William Schwank.

El gran soborno

El Comisionado de la CICIG subrayó que el grupo de españoles le entregó a Monzón un cuadro con los detalles de pago, en el que se indicaba la distribución de los pactado de la siguiente forma: USD 24.5 millones para “socio local”; USD 5 millones para “argentinos; y USD 0.5 millones para gastos.

“El expresidente Otto Pérez aprovechó su cargo para utilizar un negocio por el cual obtendría un beneficio económico directo en detrimento de los intereses de la Nación”, acotó Velásquez.

Solicitud de Antejuicio 

Asimismo, la Fiscal General informó que por este caso este viernes también se presentó una solicitud de antejuicio en contra del Magistrado de la Corte Suprema de Justicia Douglas René Charchal Ramos por tráfico de influencias.

Los sindicados

El Ministro de Gobernación Francisco Rivas, dio a conocer que realizaron 20 allanamientos, en el departamento de Guatemala y Escuintla, además se gestionaron nueve órdenes de detención las que fueron ejecutadas en su totalidad.

Gustavo Adolfo Martínez Luna, por el delito de asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.

Julio Rolando Sandoval Cano, por asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.

Lázaro Noé Reyes Matta, enriquecimiento ilícito.

Julio César Zamora Álvarez, enriquecimiento ilícito.

Julio Nolberto Esquivel Orellana, enriquecimiento ilícito.

Juan José Suárez Messeguer, asociación ilícita fraude y cohecho activo.

Jonathan Harry Chevez, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

Mario Ruano San José, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

José Daniel Luna Argueta, cohecho pasivo.

Juan Carlos Monzón Rojas, asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos (actualmente es colaborador eficaz).

Douglas René Chachal Ramos, (se presentó solicitud de antejuicio por tráfico de influencias).

Se solicitó la aprehensión que cinco personas que no se encuentran  en el país con alerta a Interpol.

Allan Herbert Marroquín Castillo, por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.

William Anthony Schwank López, asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.

Ángel Pérez-Maura García, asociación ilícita, fraude y cohecho activo.

Mauricio José Garín, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

Guillermo Abraham Lozano Bauer, asociación ilícita.

Y la conducción de Otto Fernando Pérez Molina, asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos y fraude.

Ingrid Roxana Baldetti Elías, asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos y fraude.

Guatemala, 15 de abril de 2016.

Conferencia de Prensa

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