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Publicado el 05 Abril 2013

Una centena de personas han declarado en juicio por genocidio

Más de 100 personas, entre testigos y peritos propuestos por el Ministerio Público (MP) y los querellantes adhesivos, se han presentado ante el Tribunal A de Mayor Riesgo, que tiene a cargo el juicio contra los generales retirados José Efraín Ríos Montt y Mauricio López Sánchez, acusados de los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad.

Los testigos, propuestos por la parte acusadora, han dado testimonio sobre todo tipo de violencia de las que fueron víctimas ellos y sus familiares por parte del Ejército, y que constituyen el fundamento del delito de genocidio, así lo afirmó el Lic. Arturo Aguilar, Secretario Privado y de Asuntos Estratégicos del Ministerio Público.

En entrevista en el programa radial “A primera hora”, emitido hoy en Emisoras Unidas, Aguilar reiteró que “la intencionalidad de este juicio es en relación a la responsabilidad de los dos militares acusados en relación a los hechos que están presentados en la acusación, y no es relativa a otras personas”, en referencia a las declaraciones del testigo Hugo Ramiro Leonardo Reyes, quien ha sido el único que, durante el proceso, mencionó el nombre del presidente de la República, Otto Pérez Molina.

El funcionario del MP indicó que la institución es muy cuidadosa al proponer testigos ante el Tribunal, pero éstos “al momento de declarar, son libres, y de eso se trata la prueba en un debate, ya que no se puede controlar lo que dicen los declarantes”. Aguilar señaló que para el MP las declaraciones de Leonardo Reyes fueron una sorpresa y no fue fueron preparadas de antemano.

Los analistas Raquel Zelaya, Secretaria Ejecutiva de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales y Renzo Rosal, Director de Incidencia Política de la Universidad Rafael Landívar, quienes también participaron en la entrevista radial;  mostraron su preocupación por las implicaciones sociales del juicio por genocidio. En cuanto a las declaraciones de Arturo Aguilar, Zelaya las consideró “tranquilizadoras” y Rosal señaló que es importante su aclaración en cuanto al carácter de este juzgamiento.

“La intencionalidad de este proceso es probar una responsabilidad penal; estamos concentrados en comprobar la hipótesis que en Guatemala hubo genocidio y vamos a continuar en este proceso”, puntualizó Aguilar.

Guatemala 5 de abril del 2,013


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