La lucha contra la corrupción es deber de todo funcionario público

El jueves de esta semana fue capturado el ex fiscal general Carlos David De León Argueta, sindicado del delito de lavado de dinero, tras haber adquirido a través de sus cuentas bancarias, la cantidad de dos millones de quetzales provenientes de fondos públicos.

Dicho dinero había sido pagado por Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz)  a la Asociación para el Desarrollo integral del Guatemalteco (Asodegua), propiedad de Maximiliano Ingemar y Miguel Onasis ambos de apellidos De León Argueta, hermanos de Carlos De Leon,  destinados para la construcción de un proyecto habitacional ubicado en el departamento de Escuintla.

Según el dictamen de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas (DICABI), dicho proyecto habitacional fue sobrevalorado en Q13.2 millones, dinero que el Estado perdió a través de la construcción.

Las evidencias que sostienen esta imputación son: el contrato entre Fonapaz y Asodegua; el avaluó realizado por Dicabi; los informes bancarios donde constan las inversiones a plazo fijo por un periodo de cinco meses que realizó Asodegua;    los documentos que aportan las distintas transacciones bancarias,  y un peritaje de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

La legislación señala que el delito de lavado de dinero u otros activos, es autónomo y para su enjuiciamiento, no se requiere procesamiento, sentencia ni condena relativas al delito del cual provienen.   Por ello resulta incomprensible la resolución de la jueza Silvia de León,  misma que no fue emitida conforme a derecho, razón por la cual se apelará dicho fallo.

El Ministerio Público, cumplió con su obligación de perseguir estos graves hechos, los cuales debilitan al Estado en su capacidad de invertirlos los escasos recursos con los que cuenta en las tares más importantes y urgentes, educación, salud y seguridad.

Es tiempo que todos los actores del sistema de justicia se encuentren a la altura de las demandas de transparencia y lucha  contra la corrupción, temas que la ciudadanía demanda.  Es momento que tanto el Ministerio Publico como el resto de actores, hagamos nuestro mejor y más valiente esfuerzo, y con ello enviar señales claras y contundentes sobre que este tipo de actos serán investigados, sancionados y de ninguna manera tolerados.

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