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Fiscalía de Delitos Económicos logra que juez dicte auto de procesamiento por resistencia a la acción fiscalizadora y defraudación tributaria en tres casos diferentes

El Ministerio Público mediante el trabajo que realiza la Fiscalía de Delitos Económicos logró que tres jueces dictaran auto de procesamiento por el delito de resistencia a la acción fiscalizadora en tres casos distintos en audiencias de primera declaración en donde se dictó medidas de coerción.

El primer caso fue contra la contribuyente Zenaida Victoria García Guevara a quien le concedieron dos años de plazo y además deberá recibir dos cursos en el Centro de Capacitación Tributaria y Aduanera para Contribuyentes; luego de que la Superintendencia de Administración Tributaria emitió el nombramiento para verificar la documentación y se le concedió el plazo y como no presentó la documentación se solicitó al Juzgado Económico Coactivo bajo apercibimiento.

Cuando la sindicada realizó el pago respectivo del impuesto del uno por ciento que dio la cantidad de un mil ciento cincuenta y dos con treinta y dos centavos (Q. 1, 152.32) más el pago del impuesto sobre la base cierta de la suma de diez y siete mil ciento veinte y seis y veinte y tres centavos (Q. 17, 126.23).

En el otro caso que presentaron los Fiscales fue contra Luis Guillermo Escobar Cahuex en su calidad de representante legal de la entidad Inversiones Valdivia, Sociedad Anónima, la judicatura resolvió dictar auto de procesamiento por el delito de resistencia a la acción fiscalizadora debido a que no entregó la documentación con requerimiento judicial. Por ello el Juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente resolvió que debe presentarse a colocar su huella al módulo de cumplimiento de medida sustitutiva cada ocho días, tiene prohibido salir del país sin autorización de juez competente, además se le concedió al Ministerio Público tres meses para presentar la acusación.

En el tercer caso, la Fiscalía de Delitos Económicos le presentó la sindicación al Juzgado de Primera Instancia de Mixco en contra de Marvin Dionisio González y González por el delito de defraudación tributaria, luego de que la Superintendencia de Administración Tributaria realizó una auditoría en las Ferretería González en donde se le hicieron unas recomendaciones que no cumplió.

La SAT le requirió la información para verificar si había atendido las recomendaciones, pero se estableció que el contribuyente alteró las copias de las facturas con el objetivo de aumentar sus ventas y demostrar la procedencia de las rectificaciones, defraudando al Estado por la cantidad de nueve cientos veinte y cinco mil quinientos ochenta y dos quetzales con quince centavos, (Q. 925, 582.15). Por esa razón la jueza resolvió dictar arresto domiciliar, obligación de firmar el libro de la Fiscalía el primer día de cada mes y debe pagar una caución económica de Setenta y cinco mil quetzales, (Q. 75, 000.00).

Guatemala, 14 de noviembre de 2017

 

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