Con el trabajo del MP se logran dos sanciones por delitos económicos

Con el trabajo del MP se logran dos sanciones por delitos económicos

La Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público presentó las pruebas con las cuales fueron sancionadas dos personas por la vía del procedimiento abreviado. También se dictó auto de procesamiento por el delito de resistencia a la acción fiscalizadora contra una tercera.

La primer sanción fue contra María Lucinda Padilla Herrera, quien reconoció ante el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Cuilapa Santa Rosa que cometió el delito de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.

Según las pesquisas que documentó la fiscalía se determinó que Padilla Herrera disminuyó los montos de las facturas que le emitió a tres de sus clientes con el objetivo de disminuir el impuesto al valor agregado que debía cubrir, defraudando al fisco por la cantidad de un mil 471.50 quetzales.

En la resolución de la judicatura se le impuso una multa más los intereses resarcitorios los cuales fueron pagados. Para gozar de la suspensión condicional de la persecución penal, la procesada debe cumplir con entregar una donación de 500 quetzales y estará dos años en período de prueba. Por su edad avanzada no se le solicitó que recibiera cursos de cultura tributaria.

Otros casos

Guillermo Antonio Guarán Jiménez fue sancionado por el delito de resistencia a la acción fiscalizadora con dos años de prueba y además debe entregar una donación de 300 quetzales consistente en víveres a una institución de beneficencia social, también debe recibir tres cursos de cultura tributaria en el Centro de Capacitación Tributaria y Aduanera para Contribuyentes.

Para gozar de la medida desjudicializadora de la suspensión condicional de la persecución penal Guarán demostró que cumplió con el pago de 17 mil 672.67 quetzales, más la multa del uno por ciento consistente en 352.27 quetzales.

Ligada a proceso

Clara Luz Castellanos fue ligada a proceso judicial por el delito de resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria, al no presentar la documentación requerida por las vías administrativa y judicial.

Ante dicho incumplimiento el juzgado especializado resolvió decretar arresto domiciliario, debe firmar el libro de control en el Juzgado de Paz del municipio de Chisec, también le impuso una caución económica de 250 quetzales.

Guatemala , 9 de julio de 2019.

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