El Ministerio Público logró que el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual del departamento de Retalhuleu dictara sentencia condenatoria contra Juan R., exagente de la Policía Nacional Civil (PNC).
Se le impuso una pena de 50 años de prisión por el delito de femicidio y tres años por aborto preterintencional, para un total de 53 años de prisión. Asimismo, se ordenó la suspensión de sus derechos políticos durante el cumplimiento de la condena. En concepto de reparación digna, el tribunal estableció el pago de Q17,110.00 por daño emergente y Q100,000.00 por daño moral, para un total de Q117,110.00
Además, como garantía de no repetición, el tribunal ordenó que el Sistema Penitenciario coordine la participación del sentenciado en un curso sobre derechos humanos y derechos de las mujeres, durante seis meses.
Debido a que el condenado se desempeñaba como agente de la PNC, también se ordenó que la Procuraduría de los Derechos Humanos imparta charlas de capacitación al personal de dicha institución en el municipio de Champerico, Retalhuleu.
Como medida de satisfacción, el tribunal dispuso que la Municipalidad de Champerico coloque una placa conmemorativa en el mercado de la localidad, con la inscripción: “Por una sociedad retalteca libre de violencia contra la mujer, en memoria de Ana Carolina López López”.
Además, ordenó que la Municipalidad de Champerico incorpore a la madre de la víctima al programa de Seguridad Alimentaria; que, a través de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente se otorgue una silla de ruedas a la hija menor de edad de la agraviada y que el Ministerio de Desarrollo Social evalúe su incorporación a un programa de asistencia social acorde con su situación.
De acuerdo con la investigación, el 14 de noviembre de 2025, Juan R. y la víctima, quien se encontraba en estado de gestación, llegaron en motocicleta a su residencia, ubicada en la finca El Brillante, en Santa Cruz Muluá, Retalhuleu. Al día siguiente, el ahora condenado le propinó múltiples golpes en el cráneo que le causaron la muerte inmediata, así como el fallecimiento del hijo que gestaba.
Se comprobó que el sentenciado realizó diversas acciones para ocultar el crimen entre las cuales figura el traslado y abandono del cuerpo de la víctima en la finca Maricón Sarti. Finalmente, con el propósito de desviar la investigación y procurar su impunidad, presentó una denuncia falsa por el supuesto robo del vehículo utilizado en el hecho.
Guatemala, octubre de 2026.
