Como resultado de la investigación desarrollada por el Ministerio Público en el caso denominado «Shark», cuatro personas fueron condenadas por su participación en una estructura criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres.

La investigación estableció que realizaba labores de edición fotográfica para ocultar actividades de explotación sexual desarrolladas en los establecimientos Shark, Bárbaras y Sirenas Club, donde fungía como publicista de la estructura criminal. Como parte de la reparación digna, deberá pagar Q5 mil al Hogar Amor Sin Fronteras del Refugio de la Niñez, recibir terapia psicológica y elaborar 50 pines de corazones azules como acción de sensibilización contra la trata de personas.
El Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas condenó, mediante aceptación de cargos, a Carlos T. a dos años de prisión por el delito de encubrimiento propio.
Asimismo, y como parte del mismo caso, Ayleen C. fue condenada a 12 años de prisión por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. El Ministerio Público acreditó que participaba en la captación de víctimas para explotación sexual y recibía recursos provenientes de dichas actividades ilícitas.
Como parte de las medidas de reparación, deberá entregar Q10 mil a la Fundación Ayúdame a Vivir y Q1 mil al Refugio de la Niñez, además de elaborar material publicitario orientado a sensibilizar sobre la lucha contra la trata de personas.
Por el mismo caso, Reginaldo M. fue condenado a 12 años de prisión por conspiración para lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. Las investigaciones determinaron que administraba y participaba en la estructura criminal, obteniendo beneficios económicos derivados de la explotación sexual de mujeres en distintos establecimientos.
Como parte de la reparación digna, deberá entregar Q5 mil al Refugio de la Niñez y elaborar 50 pines de corazones azules en apoyo a la lucha contra la trata de personas.
Finalmente, William G. fue condenado a 10 años de prisión por el delito de tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcado por la DIGECAM.
El arma fue localizada durante un allanamiento practicado en el establecimiento Shark Club, donde se constató que carecía de los registros legales correspondientes. Como parte de la reparación digna, deberá entregar Q7 mil a la Asociación La Alianza.
Guatemala, octubre de 2026