Publicado el 29 Abril 2026
Autoridades del MP presentan Política de Persecución Penal
En acto protocolario se llevó a cabo la presentación oficial de la Política de Persecución Penal del Ministerio Público. En la actividad también participaron fiscales regionales y jefes de las distintas fiscalías, quienes reafirmaron su compromiso con la implementación de este nuevo enfoque institucional.
Durante su intervención, el doctor Melvin Giovanni Portillo, secretario de Política Criminal, destacó la importancia de este instrumento estratégico orientado a la atención victimológica, fortalecer la investigación criminal y reducir los niveles de impunidad en el país.
Esta actualización responde a un proceso impulsado durante la gestión de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta, como parte del Plan Estratégico Institucional, asignando a la Secretaría de Política Criminal el rol de dependencia responsable de su formulación y desarrollo.
Su contenido se estructura en tres ejes principales: el primero aborda los enfoques y principios rectores, así como los criterios de priorización de delitos; el segundo se enfoca en el fortalecimiento institucional, resaltando las capacidades operativas, organizativas y tecnológicas del Ministerio Público; y el tercero establece lineamientos estratégicos de investigación y persecución penal, de cumplimiento obligatorio para el personal fiscal.
El proceso de construcción de la política incluyó el análisis de la normativa anterior, la revisión del catálogo de delitos priorizados y la sistematización de información cualitativa y cuantitativa sobre los principales fenómenos criminales.
Asimismo, se desarrollaron mesas de trabajo con participación activa del personal fiscal, lo que permitió consolidar lineamientos técnicos orientados a una persecución penal más efectiva, coherente y alineada con las necesidades actuales del sistema de justicia.
Con esta presentación, el Ministerio Público reafirma su compromiso de modernizar sus procesos y fortalecer su capacidad de respuesta frente al crimen, promoviendo una gestión más eficiente, transparente y orientada a resultados que contribuyan al acceso a la justicia y a la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Guatemala, 29 de abril de 2026.