Publicado el 07 Mayo 2024
Fiscal General defiende la independencia y autonomía del Ministerio Público
En conferencia de prensa brindada en el lobby de la sede central del Ministerio Público, la Dra. María Consuelo Porras Argueta, Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, acompañada del Secretario General del Ministerio Público, Fiscalres Regionales, Fiscales de Distrito y Fiscales de Sección, envió un mensaje a la población guatemalteca.
“Pueblo de Guatemala, hoy quiero enviar un mensaje claro y contundente ante las acciones espurias, maliciosas y antidemocráticas propiciadas por el señor Presidente Bernardo Arévalo y señora Vicepresidenta Karin Herrera, las cuales no solo denotan un enorme desconocimiento de la ley, sino además ponen de manifiesto sus intereses individuales y muestran una actitud irracional, contraria a los intereses de las víctimas de delito y del Estado constitucional de Derecho.
En el respeto a la institucionalidad democrática guatemalteca el Ministerio Público cumple con su función constitucional de velar por el estricto cumplimiento de la ley y trabaja fuerte y firme día con día para llevar justicia a toda la población. El ordenamiento jurídico del país tiene como fundamento la Constitución Política de la República que da sus respectivas funciones a los poderes e instituciones que conforman el Estado y garantiza su separación para evitar el rompimiento de la democracia.
En ese contexto, los constantes ataques espurios del Presidente Arévalo, evidencian claramente su perversa intención de “tomar control del Ministerio Público”, tal y como él mismo lo ha dicho públicamente en varias ocasiones, para garantizarse un Fiscal General afín y complaciente, que no continúe con las investigaciones y se convierta en su subalterno, lo que representa una grave amenaza para el Estado Constitucional de Derecho, una clara intencionalidad de vulnerar la autonomía funcional e independencia del Ministerio Público, el principio de legalidad y el principio de certeza y seguridad jurídica, así como la seguridad democrática del país. En virtud de lo cual lo invito a construir nación, respetando la institucionalidad de nuestro país, la constitución, las leyes, los convenios internacionales, razón por la cual le recuerdo que las vías legales que establece nuestro ordenamiento jurídico son claras, y exhorto a que todas las personas y funcionarios que puedan estar siendo sujetos de una investigación hagan valer sus derechos a través de la vía legalmente establecida.
Entonces señor Presidente Bernardo Arévalo y Vicepresidente Karin Herrera, ustedes no están ni estarán por encima de la ley, las leyes en un país deben acatarse y respetarse no hay coherencia en sus palabras, ustedes dicen una cosa y hace otra, Presidente Bernardo Arévalo y Vicepresidenta Karin Herrera no le mientan más a la gente.
Ustedes se refieren a un ciclo oscuro, pero déjenme decirle que el ciclo oscuro es el de ustedes, ya que su bandera ha sido anticorrupción, y en más de 100 días de su gobierno, ustedes no han presentado ni una sola denuncia y su equipo solo ha puesto 19 denuncias, de las que aproximadamente 10 de ellas ya estaban siendo investigadas por el Ministerio Público. Quiero hacerles ver, que el Ministerio Público recibe un estimado de 53 denuncias cada hora, eso quiere decir que al haber presentado 19 denuncias en 100 días no es un resultado satisfactorio ni acorde a su narrativa anticorrupción. Hablan de corrupción en gobiernos anteriores, pero no han puesto una sola denuncia en la que mencionen a las personas que públicamente señalan ¿y así se hacen llamar anticorrupción?
Señor Presidente le recuerdo que Guatemala es una república constituida por tres organismos de estado, independientes uno del otro, sin subordinación alguna, en ese sentido, los Diputados, deben tomar sus decisiones basadas en ley por lo que cualquier presión en español o en inglés dirigida a cooptar su voluntad, es contraria a la democracia y a los pilares bajo los que descansa un estado constitucional de derecho.
Señor Presidente y señora Vicepresidenta, en sus discursos tendenciosos y populistas tratan de engañar al pueblo haciéndoles creer que es el Ministerio Público quien “perdona y exculpa a quienes roban y estafan al pueblo”, lo cual es una total falacia, basta de mentirle a la gente, toda vez que el Ministerio Público únicamente investiga y persigue penalmente, mientras son los juzgados y tribunales quienes resuelven. En virtud de lo anterior los insto a que se enfoquen en la gobernanza y cumplan con los fines que les impone la Constitución Política de la República al Estado de Guatemala, dejen de culpar al Ministerio Público de las problemáticas que lamentablemente aquejan a la población.
Presidente, usted dice que su gobierno es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Como guatemalteca le digo, han transcurrido más de 100 días de su Gobierno y no hay avances en salud, educación, seguridad, los precios de la canasta básica están por los cielos y ahora usted cuenta con el presupuesto más alto de la historia de Guatemala y casi a mitad del año no ha podido ejecutar ni el 10 por ciento del mismo, ¡ese es el verdadero clamor popular! El clamor por la seguridad, el clamor por empleo, el clamor por mejores hospitales, el clamor por la salud. Ya dejé de mentirle a la gente, sea serio, póngase a trabajar y vele por los intereses del pueblo.
Por lo tanto, Señor Presidente, usted menciona que soy un obstáculo y efectivamente lo voy a ser para cualquiera que atente contra los derechos de los guatemaltecos, independientemente que sean locales o internacionales.
-Le garantizo que sí, seré un obstáculo para el que quiera vulnerar la democracia.
-Sí, seré un obstáculo para el que quiera ser corrupto.
-Sí, seré un obstáculo para cualquiera que atente contra nuestra niñez contra las mujeres, grupos vulnerables y cualquier persona que sea víctima de un delito.
-Sí, seré un obstáculo para el que quiera tomar control de las instituciones para garantizarse impunidad.
-Sí, seré un obstáculo para todos aquellos que no quieren ser investigados.
Ayer pudimos observar, como usted Señor Presidente, dice una cosa y hace otra, porque usted dice defender derechos humanos, pero insta y permite que se violen derechos tan esenciales como el respeto a la integridad y dignidad de una mujer. ¿En dónde está el cumplimiento de las leyes nacionales y los convenios y tratados internacionales que dice usted respetar? ¿Usted permitiría agresiones a cualquier mujer miembro de su familia?
Por más de 40 años me he dedicado a construir nación, he entregado mi vida a la justicia, mi trabajo ha sido honesto y consecuente no tengo ningún antecedente criminal, ni he cometido ningún delito y las manipulaciones, señalamientos espurios, tendenciosos y antidemocráticos para mí y otros funcionarios del Ministerio Público que han trascendido incluso a nivel internacional ponen en riesgo la integridad y la seguridad de los más de 12 mil trabajadores de esta noble institución, por lo que lo responsabilizo a usted de cualquier acción que pueda afectarnos.
Déjeme decirles Presidente y Vicepresidenta que en el Ministerio Público actuamos conforme a la ley y yo como Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público no voy a escatimar esfuerzos para garantizar que se cumpla la ley, yo no recibo instrucciones ni en español ni en inglés, ni me pliego a intereses particulares, yo solamente le rindo cuentas al pueblo de Guatemala y a Dios nuestro creador, para quien es el honor, la honra y la gloria.
La Constitución Política de la República y las leyes de nuestro país son claras, por lo que lo exhorto a dejar de lado la confrontación, la preocupación desmedida únicamente de sus propios intereses y en los intereses de su propio partido político que está bajo investigación, y sobre todo les hago un llamado a que cumplan con sus responsabilidades; también a que usen los recursos del Estado para dar respuesta a las verdaderas necesidades del pueblo de Guatemala y no a las suyas y a las de unos cuantos que actuaron al margen de la ley.
Los guatemaltecos ya no quieren excusas, es tiempo que se dediquen a hacer el trabajo que les corresponde y que más que discursos vacíos, arrebatados y amenazas coléricas se concreten las acciones en beneficio del pueblo de Guatemala. Las manipulaciones, señalamientos espurios, tendenciosos y antidemocráticos no propician el desarrollo de país que todos esperamos y necesitamos”.
La Dra. Porras Argueta, finalizó leyendo parte de una carta firmada por congresistas de los Estados Unidos y enviada al señor Antony John Blinken, Secretario de Estado y a la señora Samantha Power, Administradora de USAID: “nos dirigimos a usted para llamar su atención sobre los informes que detallan el uso indebido de la influencia de la administración en los asuntos legislativos del Congreso de Guatemala, este uso indebido atenta contra el libre ejercicio de la democracia de los miembros del Congreso guatemalteco y sirve para socavar el apoyo a los Estados Unidos en Guatemala y en la región. Funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos y de USAID no tienen autoridad legítima para presionar cambios ideológicos en Guatemala que comprometan su constitución o valores profundamente arraigados en relación con la vida y la familia; además, las herramientas sancionatorias no deben utilizarse para obligar a los legisladores guatemaltecos a votar en un sentido u otro, tal acción es una violación de los principios de soberanía y democracia”.
Por su parte el Secretario General del Ministerio Público, licenciado Angel Pineda explicó sobre el retroceso que se tendría al modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público.
El licenciado Pineda señaló que dados los recientes hechos acontecidos de los cuales fueron informados por cadena nacional presidencial, quiero enterarlos de los efectos negativos y el retroceso en el fortalecimiento de uno de los entes autónomos de mayor importancia que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, como lo es el Ministerio Público, ya que con la iniciativa de reforma presentada recientemente por el Presidente de la República al Organismo Legislativo se pretende controlar, supervisar y remover de forma discrecional al fiscal general y jefe del Ministerio Público, funcionario que por mandato constitucional le corresponde la difícil tarea del ejercicio de la acción penal pública, la cual debe ejercerse con profesionalismo de manera autónoma e independiente sin que se encuentre subordinado a funcionario alguno.
Ello desvirtuaría los diferentes avances que se han alcanzado para contar con un Ministerio Público que pueda perseguir penalmente sin distinción de cargo o posición, a quien cometa actos que se encuentren tipificados como delitos en las leyes penales. Es importante destacar que a diferencia de como se viene señalando de manera equívoca la autonomía del MP es de carácter constitucional por encontrarse dentro de los casos especiales que señala el propio texto de la Carta Magna y no como se ha dicho perversamente y falazmente que se manifiesta en base a lo que establece el artículo 134 de la constitución que dicho sea de paso se encuentra dentro del régimen económico y social de esta Carta Magna.
De esa cuenta, razón de esto es que la Constitución regula en su artículo 251 dentro del esquema de estructura y organización del Estado tan importante función autónoma y es la propia Ley Orgánica del MP que establece el deber de informar anualmente a los ciudadanos sobre los resultados de la gestión ante lo cual existe una rendición de cuentas, pero esta no debe ser a un funcionario del ejecutivo, debe ser a los ciudadanos guatemaltecos.
Cabe destacar que los tribunales de justicia ordinaria por medio de los diferentes jueces de control de garantías, de sentencia, de ejecución, salas de corte de apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia en el ejercicio de la independencia judicial y quienes tienen la potestad de juzgar y promover lo juzgado, son quienes determinan por medio de sus resoluciones el debido actuar del Ministerio Público, ya que son los órganos jurisdiccionales quienes autorizan los diferentes requerimientos de investigación, judicialización, procesamiento y apertura a juicio de los procesos iniciados por el ente acusador.
Con lo cual es claro que son los jueces los únicos que pueden denotar y hacer ver cualquier falta en la debida diligencia o cualquier incumplimiento en el actuar fiscal del MP, existiendo para el efecto los mecanismos procesales para corregir tales aspectos, sin que ello conlleve la necesidad de trasladar la facultad a un funcionario con funciones ejecutivas y que además no cuenta con autoridad judicial. No porque así se opine, no porque así se cree, sino porque así lo dice la Constitución Política de la República de Guatemala.
Dentro de los diferentes avances que se han alcanzado en la construcción de un MP independiente en el ejercicio de sus funciones se tiene la inconstitucionalidad de carácter general parcial del artículo 4 de la Ley Orgánica del MP en la cual se deja sin efecto la facultad del Presidente de la República de girar instrucciones al fiscal general y jefe del MP, encontramos también la reforma constitucional de 1993, los diferentes fallos de la Corte de Constitucionalidad dentro de los que destacan amparos e inconstitucionalidades que fueron presentadas oportunamente en el transcurso del tiempo y que han permitido que el fiscal y jefe del MP pueda dirigir como única autoridad de este ente transfiriendo ese poder de decisión o competencia para ejercer la acción penal sin recibir órdenes o que deba acatar las instrucciones de ningún funcionario ni del Organismo Ejecutivo.
Salvo lo establecido en la ley dado como resultado lo señalado por la Corte de Constitucionalidad dentro de expedientes acumulados en el 2009 en que el MP en el ejercicio de sus funciones autónoma «conlleva el reconocimiento de su personalidad jurídica de manera implícita lo que a la vez permite considerarlo como una persona jurídica de derecho público”, como otro de los avances obtenidos en fortalecer la autonomía e independencia del fiscal general y jefe del MP para el ejercicio de sus funciones es imprescindible señalar la reforma que el Congreso de la República efectuó y al artículo 14 de la Ley Orgánica del MP por medio del decreto 18-2016 que fue instada en su momento hasta por organismos internacionales quienes coincidían en evitar la remoción del fiscal general y jefe del MP de manera discrecional por parte del Presidente de la República considerando que dicha práctica limitaba la autonomía e independencia del MP e indicando en ese momento porque ello generaba impunidad.
Dentro de las últimas sentencias dictadas por la Corte de Constitucionalidad dentro de varios expedientes acumulados presentados también en contra del artículo 14 de la Ley Orgánica del MP en diciembre de 2023 la Corte de Constitucionalidad hizo acopio de los diferentes fallos que viene emitiendo desde 1994 hasta el año 2023 entorno a los temas relacionados con la autonomía e independencia funcional del MP, la arquitectura constitucional que establece la no subordinación del fiscal general a ningún organismo ni autoridad alguna al periodo constitucional del fiscal general y todos aquellos aspectos que han sido puestos de su conocimiento en torno al MP y al cargo de fiscal general y jefe del MP.
Es por ello que el presentar una iniciativa de ley que pretende reforma al artículo 14 de la Ley Orgánica del MP para que el presidente de manera discrecional pueda calificar el actuar del fiscal general y con ello removerlo del cargo por no ajustarse a sus intereses o conveniencias, resulta ser un retroceso en la construcción de la democracia del estado de derecho y ello atenta contra la Constitución Política de la República, así como contra la defensa del orden constitucional que por casi 30 años la Corte de Constitucionalidad ha mantenido contra todo intento de interferir con la función del Fiscal General y en general del Ministerio Público y no se duda que la alta corte así lo seguirá haciendo, ello en favor de la población guatemalteca contribuyendo así a la realización de una justicia imparcial para todos, finalizó.
Guatemala, 7 de mayo de 2024