Publicado el 26 Junio 2025
El Ministerio Público informa a la población guatemalteca:
El Ministerio Público de Guatemala rechaza categóricamente el contenido del informe titulado “¿Eficacia o impunidad?”, mediante el cual el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Alianza por las Reformas pretenden evaluar el desempeño institucional durante la gestión de la Fiscal General, Dra. Maria Consuelo Porras Argueta (2018-2025).
En primer lugar, debe señalarse que se desconoce la fuente de información utilizada en dicho estudio —a la que alude reiteradamente el señor Julián Alfie—, la cual resulta dudosa y tendenciosa al contradecir los datos oficiales. La única información verídica y jurídicamente válida es la que emite el Ministerio Público en su calidad de ente investigador y responsable del registro y seguimiento de todas las denuncias penales que ingresan al sistema de justicia, de conformidad con la ley.
Resulta lamentable que se emitan declaraciones que desinforman a la población sin contar con datos verificados y, fundamentalmente, sin haber consultado a la fuente oficial. Estos señalamientos, provenientes de representantes de entidades afines a determinados sectores, carecen de rigor técnico y responden a posturas ideológicas más que a evaluaciones objetivas.
El archivo de denuncias no obedece a una práctica arbitraria ni a una supuesta “falta de respuesta”, sino al estricto cumplimiento de criterios legales y técnicos para clasificar los casos con base en la evidencia disponible y la viabilidad procesal. Asimismo, la institución ha fortalecido significativamente sus capacidades investigativas, priorizando los casos de mayor impacto social y relevancia criminal.
En cuanto a las desestimaciones, estas se encuentran reguladas por la ley y se aplican cuando resulta manifiesto que el hecho no es punible o cuando no es posible continuar con el procedimiento. Este criterio se ha aplicado con objetividad, incluso a casos antiguos que en administraciones anteriores no recibieron atención oportuna. Cabe destacar que, al inicio de la presente gestión, se recibieron 1,266,637 casos en mora fiscal; de estos, se han resuelto 1,260,141 expedientes, lo que representa un 99% de eficacia en la depuración del rezago heredado.
Adicionalmente, el Ministerio Público ha potenciado los mecanismos alternativos de solución de conflictos (como la conciliación), los cuales permiten resolver delitos de menor gravedad de forma ágil. Esto no solo garantiza la reparación digna y directa a las víctimas, sino que permite descongestionar el sistema judicial para concentrar los recursos en la persecución de delitos de alto impacto.